En Dewsbury, una tranquila localidad inglesa próxima a Leeds, se libra desde hace tres años un pulso entre un empresario y sus vecinos. El motivo no es un conflicto comercial ni una disputa por lindes, sino una construcción que desentonó tanto con el entorno que la justicia ha ordenado borrarla del mapa, cimientos incluidos.

La historia comienza en 2021, cuando Amir Azam, empresario vinculado al sector del descanso, compró una casa familiar por 275.000 euros. En un primer momento solicitó autorización para ampliarla. Sin embargo, lo que siguió no fue una simple reforma: la vivienda original desapareció y en su lugar apareció un complejo de tres plantas con muros interminables de ladrillo y hasta dependencias adicionales en el jardín. Un contraste abrumador frente a los bungalows bajos y discretos que dominan la zona.

Lo que para Azam era un proyecto personal se convirtió para sus vecinos en una auténtica pesadilla. Denunciaron durante años el impacto estético y la sensación de opresión que generaba la nueva edificación. “Nuestros hogares miraban al cielo y ahora miran a un muro”, resumía uno de ellos. El ayuntamiento coincidió: la vivienda resultaba “opresiva, dominante y fuera de lugar” en un callejón diseñado para residencias modestas.

En 2023, ya con la obra terminada y la oposición vecinal encendida, el empresario trató de regularizar la situación solicitando un permiso retroactivo. La respuesta fue tajante: rechazo absoluto. Y el desenlace, inevitable. Un juez dictaminó que el único camino era la demolición total. El fallo especifica que el retiro debe incluir “la base y los cimientos”, lo que supone una inversión perdida y un coste adicional que podría superar los 100.000 euros.

El caso de Dewsbury no es una rareza. En distintos rincones del mundo abundan ejemplos de proyectos desmedidos que sucumben bajo el peso de la normativa. Desde Cambridgeshire, donde una mansión disfrazada de clínica ecuestre fue derribada, hasta Bel Air, donde Mohamed Hadid —padre de las modelos Bella y Gigi Hadid— vio cómo la justicia ordenaba destruir su coloso de 2.800 metros cuadrados. España tampoco ha quedado al margen: en Mallorca, una docena de viviendas de lujo en Cala Llamp fueron declaradas ilegales y demolidas, dejando tras de sí propietarios arruinados.

La moraleja es clara: el urbanismo tiene memoria larga y mano firme. La riqueza puede levantar muros, pero no siempre consigue sostenerlos cuando la ley dicta lo contrario. Dewsbury, con su callejón de casas humildes y un casoplón que nunca encajó, es hoy un recordatorio de que no toda ambición cabe en el plano de un vecindario.