El Partido del Trabajo (PT) puso sobre la mesa una polémica iniciativa de reforma electoral. La diputada Margarita García presentó una propuesta para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) con el fin de que cualquier elección sea anulada si la participación ciudadana no alcanza al menos el 51% de la lista nominal.

La medida aplicaría a los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Según García, el alto nivel de abstencionismo mina la legitimidad democrática:

“Cuando la participación total corresponda al cincuenta por ciento más uno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, señala el documento.

El antecedente: la elección judicial con 13% de participación

La diputada recordó que en junio de 2025 se realizó por primera vez una elección de jueces, magistrados y ministros, en la que solo votó el 13% de la lista nominal. De haberse aprobado ya esta reforma, esa elección habría sido automáticamente anulada.

Participación histórica en México

De acuerdo con el INE, en las últimas dos décadas la participación en elecciones federales ha oscilado entre 40% y 65%. Las presidenciales alcanzan cifras cercanas al 60% (63.42% en 2018 y 58.55% en 2006), mientras que en elecciones intermedias los números bajan (41.68% en 2003 y 52.66% en 2021).
Si la iniciativa del PT se hubiera aplicado antes, varios procesos intermedios habrían quedado invalidados.

Otras propuestas contra el abstencionismo

El tema no es exclusivo del PT. En mayo de 2025, el diputado Luis Enrique Miranda (PVEM) propuso otra medida: sancionar a quienes no voten, retirándoles por un año la credencial de elector.

Mientras el PT busca condicionar la validez de las elecciones al porcentaje de participación, el PVEM plantea obligar al voto mediante sanciones.
En ambos casos, críticos advierten que estas medidas podrían generar más incertidumbre que legitimidad, pues existe el riesgo de dejar elecciones enteras sin efecto.

Actualmente, el voto en México es un derecho y una obligación constitucional, pero no hay sanciones por abstenerse. El camino que ha seguido el INE hasta ahora ha sido promover campañas para incentivar la participación ciudadana, sin recurrir a castigos ni umbrales vinculantes.