El Senado de la República aprobó este jueves, en lo general, la minuta que crea la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, después de que fuera declarada de urgente resolución. La votación cerró con 85 votos a favor y 36 en contra, y dio paso al debate en lo particular.

La sesión ocurre un día después de la maratónica jornada de la Cámara de Diputados, que avaló la minuta tras más de 24 horas de discusión.

Nuevo marco jurídico para garantizar el derecho al agua

La reforma plantea actualizar el marco legal vigente desde 1992, sustituyendo el enfoque derivado del artículo 27 constitucional por uno sustentado en el artículo 4, que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano.

Entre los componentes centrales del nuevo ordenamiento se encuentran:

• La creación del Registro Público de Agua Nacional.
• Un Fondo de Reserva de Aguas destinado a comunidades sin acceso al recurso.
• La cancelación de concesiones acaparadas o sin uso.
• El endurecimiento de sanciones por robo de agua.
• La regulación de obras privadas de captación pluvial que han alterado ciclos hidrológicos.

De acuerdo con el dictamen, estas medidas buscan fortalecer la distribución, protección y gestión sostenible del recurso hídrico en el país.

Posturas encontradas: oposición y sector agrícola

Mientras grupos de oposición sostienen que la reforma representa una “traición” para los campesinos, legisladores de la mayoría parlamentaria han defendido que el nuevo marco legal permitirá ordenar el uso del agua y combatir prácticas irregulares.

Productores agrícolas del norte del país manifestaron su preocupación por la eliminación de la transmisión privada de concesiones, señalando que el acceso al agua influye en el valor de sus tierras y que aún no existe claridad sobre los nuevos trámites. Aunque la Conagua aclaró que las herencias y transacciones de predios permanecerán permitidas, el sector reclama mayor certidumbre jurídica.

El senador Efraín Morales afirmó que la reforma representa “un profundo cambio en la visión del manejo del agua”, orientada a cerrar espacios al mercado negro y ordenar concesiones históricas. Agregó que algunos grupos “ven afectados intereses favorecidos durante muchos años” y que existe “una campaña de desinformación” en torno a la iniciativa.

Postura del Ejecutivo federal

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma al señalar que quienes se oponen concentran “muchísimas concesiones de agua”, algunas sin uso o en situación irregular. Afirmó que el Estado debe “poner orden” para garantizar que el derecho al agua prevalezca por encima de intereses particulares.