Con la entrega de 52 títulos de propiedad a centros educativos del estado, el Gobierno del Pueblo avanza en el cumplimiento de una deuda histórica con el sector educativo, al garantizar la certeza jurídica de los predios donde se forman niñas, niños y jóvenes tabasqueños, afirmó el gobernador Javier May Rodríguez.

Durante el acto realizado en el Salón Gorostiza de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal señaló que esta acción permite asegurar que los inmuebles escolares pertenecen legalmente a la ciudadanía y sientan las bases para que, en 2026, se logre “levantar bandera blanca” y que ningún plantel educativo carezca de certeza jurídica.

Acompañado por la secretaria de Educación, Patricia Iparrea Sánchez, y el titular de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), Francisco Sánchez Ramos, May Rodríguez destacó que la regularización de estos predios permitirá a las escuelas acceder a inversiones, mejorar su infraestructura y participar en programas que anteriormente les eran negados por no contar con documentos que acreditaran su propiedad.

“Esto significa que los recursos públicos se invierten con garantía de permanencia y que cada peso destinado a la educación se traduce en beneficios a largo plazo para la comunidad escolar”, subrayó el gobernador, quien enfatizó que fortalecer los espacios educativos es una responsabilidad histórica para el desarrollo del estado.

El titular del Ejecutivo estatal detalló que, además de los 52 títulos entregados, se realizaron 77 acciones adicionales de regularización en escuelas ubicadas en los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, con lo que en 2025 se han otorgado un total de 120 documentos de certeza jurídica.

“El próximo año vamos a entregar lo que falta. Ese es nuestro reto y lo vamos a lograr”, afirmó May Rodríguez, al señalar que la meta es regularizar más de 2 mil 500 planteles educativos que aún carecen de certeza jurídica, situación heredada de administraciones pasadas.

Por su parte, la secretaria de Educación, Patricia Iparrea Sánchez, destacó que este proceso fortalece la planeación educativa y contribuye a la construcción de un sistema más sólido y equitativo, al reconocer legalmente espacios que durante años han cumplido su función social sin respaldo jurídico.

“La certeza jurídica brinda tranquilidad a las comunidades escolares y abre las puertas a inversiones que dignifican los espacios donde aprenden nuestras niñas, niños y jóvenes”, puntualizó.

En representación de las y los directivos escolares beneficiados, Jacqueline de la Cruz Castillo, directora del Jardín de Niños Carmen Cadena Buendía, agradeció el compromiso del gobernador con la educación y con la generación de condiciones de seguridad para la comunidad estudiantil.

Al evento asistieron también el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús Ruz; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez Bocanegra; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, y el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jesús Manuel Argáez de los Santos.