Una evaluación interna de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) concluyó que los ataques contra embarcaciones presuntamente utilizadas por organizaciones del narcotráfico no han logrado disminuir de manera significativa el flujo de cocaína hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, el análisis —que aún no ha sido difundido oficialmente— indica que los grupos criminales han adaptado sus métodos de operación para mantener activas sus rutas de distribución.

El reporte señala que los operativos contra 67 embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico no generaron cambios relevantes en la disponibilidad ni en los precios de la cocaína en Estados Unidos.

Según la evaluación, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han reducido el uso de lanchas rápidas y ahora recurren con mayor frecuencia a embarcaciones de mayor capacidad que operan cerca de las costas, donde buscan disminuir el riesgo de detección.

Además, el documento advierte un aumento en el uso de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas ubicadas en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, con rutas hacia Guyana y Surinam para posteriormente continuar hacia otros destinos.

Un funcionario de la DEA citado de manera anónima explicó que los grupos criminales suelen modificar rápidamente sus estrategias de transporte y distribución cuando enfrentan nuevos mecanismos de vigilancia o presión por parte de las autoridades.

Pentágono defiende operación contra el narcotráfico

A pesar de las conclusiones del informe, el Departamento de Defensa de Estados Unidos defendió la estrategia y aseguró que las acciones militares continúan generando presión sobre las organizaciones criminales.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló ante legisladores que la operación “Lanza del Sur”, iniciada en septiembre de 2025, ha obligado a los grupos delictivos a cambiar constantemente sus rutas y métodos de operación.

Sin embargo, organismos internacionales han expresado preocupación por las consecuencias de estos operativos. Según recuentos citados por The Washington Post, los ataques contra las embarcaciones habrían dejado 221 personas fallecidas.

Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado estas acciones al señalar que entre las víctimas podrían encontrarse pescadores o personas relacionadas con actividades distintas al narcotráfico.

Por su parte, Human Rights Watch reiteró que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse bajo el respeto a las garantías fundamentales y advirtió que la eliminación de derechos no representa una solución efectiva contra estas redes.