Un grupo de 25 estados de Estados Unidos, en su mayoría gobernados por demócratas, presentó una demanda contra la administración de Donald Trump por la nueva ronda de aranceles que afecta las importaciones provenientes de 60 países y economías.

La acción legal fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, donde los estados cuestionan la legalidad de las medidas impulsadas por el gobierno federal.

Los nuevos gravámenes contemplan tarifas de entre 10 y 12.5 por ciento para más de 90 países, según las distintas disposiciones comerciales anunciadas por la administración Trump. Los demandantes sostienen que el gobierno federal utilizó como argumento el combate a productos relacionados con trabajo forzoso para justificar las medidas.

Los estados consideran que el presidente no cuenta con autoridad suficiente para imponer unilateralmente estos aranceles y argumentan que la medida puede elevar los costos para empresas y consumidores estadounidenses.

La nueva disputa ocurre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara previamente parte de la política arancelaria de Trump, lo que llevó a su administración a recurrir a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 como fundamento legal para las nuevas tarifas.

Además de los estados, un grupo de pequeñas empresas estadounidenses también presentó una demanda contra los nuevos aranceles, al considerar que la administración no puede mantener las mismas medidas simplemente cambiando el fundamento jurídico utilizado para aplicarlas.

El conflicto abre un nuevo frente legal contra la política comercial de Trump, mientras su gobierno mantiene investigaciones comerciales relacionadas con trabajo forzoso y sobreproducción en distintos países.