El Gobierno de México puso en marcha el proceso de consulta para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca establecer un marco jurídico para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de estos pueblos, así como fortalecer su autonomía y participación en la vida pública.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó la firma de la convocatoria que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de consultar la propuesta en las 16 mil 728 comunidades pertenecientes a los 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano reconocidos en el país.

La mandataria señaló que, una vez concluido el proceso de diálogo y consulta, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados el próximo 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Nación Pluricultural.

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la propuesta contempla el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de disposiciones sobre libre determinación, autonomía, consulta previa, derechos de las mujeres, protección a personas en situación de vulnerabilidad y mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Las autoridades también informaron que el proyecto será traducido a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México para facilitar su difusión y consulta entre las comunidades.

El proceso se desarrollará en varias etapas, que incluyen la difusión del contenido de la iniciativa, asambleas regionales para recoger opiniones y propuestas, la integración de observaciones al proyecto y, finalmente, su presentación al Congreso de la Unión.

Contexto

La iniciativa deriva de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos aprobada en 2024, la cual estableció el reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho público. La nueva ley busca desarrollar los mecanismos legales para hacer efectivos esos derechos y definir las responsabilidades de las instituciones encargadas de garantizar su cumplimiento.