El tráfico ilegal de fauna silvestre se ha convertido en un negocio lucrativo para el crimen organizado, familias e incluso algunos grupos locales en Tabasco, donde se estima que esta actividad genera alrededor de 150 millones de pesos anuales, de acuerdo con organizaciones ambientales.

El problema forma parte de una red global que, según el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), mueve entre 10 mil y 20 mil millones de dólares al año, afectando gravemente a la biodiversidad en distintos países.

En el estado, especies como monos araña, guacamayas, loros, tortugas, cocodrilos, serpientes y hasta jaguares son extraídos de su hábitat natural para su venta ilegal, con precios que van desde miles hasta decenas de miles de pesos, dependiendo del ejemplar.

Autoridades y organismos de protección ambiental han realizado diversos rescates. En 2025, Protección Civil del municipio de Centro atendió más de 500 ejemplares, entre ellos monos araña, aves rapaces y reptiles, muchos de ellos localizados en zonas urbanas o recuperados en decomisos.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha asegurado decenas de ejemplares en distintos operativos recientes, incluyendo tortugas, loros y guacamayas, además de casos de traslado ilegal de monos capuchinos en la entidad.

Especialistas advierten que este delito no solo amenaza a las especies, sino que también provoca un fuerte desequilibrio en los ecosistemas, ya que muchos animales mueren durante su captura, transporte o cautiverio, o ya no pueden ser reintroducidos a su hábitat natural.

El tráfico de especies opera como una estructura organizada, con redes, jerarquías y puntos de venta, donde incluso comunidades rurales son utilizadas como mano de obra para la captura de fauna.

De acuerdo con expertos, aunque existe legislación que contempla penas de prisión y multas por estos delitos, la aplicación de sanciones sigue siendo limitada frente a la magnitud del problema.