Diversas entidades del país continúan enfrentando compromisos financieros derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19, debido a créditos y obligaciones adquiridas durante la pandemia que todavía representan una carga para sus presupuestos.

Los gobiernos estatales han mantenido esquemas de pago para cubrir los adeudos acumulados en los últimos años, mientras buscan equilibrar sus finanzas públicas con la atención de servicios prioritarios como salud, infraestructura y programas sociales.

De acuerdo con registros de deuda subnacional, los compromisos financieros de estados y municipios continúan representando montos importantes. Al cierre de 2025, la deuda de entidades federativas y gobiernos municipales alcanzó más de 717 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Especialistas señalan que el impacto económico provocado por la pandemia obligó a algunos gobiernos a recurrir a financiamientos para enfrentar presiones presupuestarias, aunque los pagos de estos compromisos se han extendido durante los años posteriores a la emergencia sanitaria.

Autoridades estatales han señalado que el reto actual es mantener finanzas sostenibles, reducir pasivos y garantizar que los recursos disponibles permitan atender las necesidades de la población.