La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales, quien es investigado por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados durante mayo y junio de este año.

La orden de aprehensión señala a Morales por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Las movilizaciones provocaron bloqueos en distintas regiones de Bolivia y fueron impulsadas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La Fiscalía sostiene que Morales habría tenido participación en las acciones que afectaron el tránsito y distintos servicios durante las protestas.

La disposición fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y también contempla a otros dirigentes vinculados con las movilizaciones, entre ellos representantes de organizaciones sindicales y campesinas.

Tras conocerse la orden, Morales rechazó las acusaciones y afirmó que las autoridades buscan responsabilizarlo por las movilizaciones sociales para desviar la atención de la crisis económica y social que enfrenta Bolivia.

La Fiscalía continúa con las investigaciones, mientras el exmandatario permanece como una de las principales figuras de la oposición política boliviana.