Jessica Treviño, una mujer de 34 años beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos luego de que las autoridades iniciaran el proceso para cancelar su permiso de permanencia tras haber sido deportada a México.

Treviño y su esposo fueron detenidos en diciembre por agentes federales en Texas y posteriormente deportados a Matamoros, Tamaulipas. Desde entonces, ambos permanecen en México, mientras que sus tres hijos, ciudadanos estadounidenses, viven con familiares cerca de la frontera.

La mujer, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años, obtuvo protección bajo DACA a los 20 años. Su autorización de permanencia y permiso de trabajo se encontraban vigentes hasta abril de 2027.

Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) le notificó recientemente su intención de cancelar el beneficio, argumentando un «viaje no autorizado» fuera del país ocurrido el 25 de marzo de 2026, fecha en la que fue expulsada por las propias autoridades migratorias.

Su abogado, David Rozas, calificó la medida como ilegal y presentó una petición ante un juez federal en Brownsville, Texas, para solicitar que se mantenga vigente el estatus DACA, se declare ilegal la deportación y se ordene facilitar el regreso de Treviño a Estados Unidos.

De acuerdo con la defensa, una orden previa de salida voluntaria emitida por un juez de inmigración no anulaba la protección otorgada por DACA, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía facultades para deportarla.

Jessica Treviño expresó que su principal deseo es regresar con sus hijos antes del inicio del próximo ciclo escolar, luego de permanecer siete meses separada de su familia.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, durante la actual administración de Donald Trump han sido deportados 86 beneficiarios de DACA y otros 241 han sido detenidos.