La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las instituciones del Gobierno de México y ampliar el acceso de la ciudadanía a la información pública mediante mejoras a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo es evitar que la publicación o reserva de información quede a criterio de funcionarios. El decreto establece lineamientos específicos para determinar qué información debe ser pública y en qué casos puede reservarse por razones de seguridad nacional o porque forma parte de algún procedimiento administrativo o judicial.

Sheinbaum adelantó que en aproximadamente un mes se fortalecerá la Plataforma Nacional de Transparencia, con información más completa y actualizada. Además, los contratos públicos del Gobierno de México serán publicados mensualmente, como parte de una estrategia que, afirmó, busca avanzar hacia una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que el decreto contempla cuatro áreas principales: contrataciones públicas; información de las filiales de Pemex y CFE; fiscalización y auditorías; y la incorporación de estados, municipios y otros poderes a estas medidas de transparencia.
En materia de contrataciones, las dependencias deberán publicar información sobre sus contratos cada mes. Para las filiales de Pemex y CFE, se contempla divulgar datos como estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante agencias extranjeras.

Respecto a la fiscalización, se dará a conocer información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, el estado de las auditorías, el seguimiento de observaciones realizadas por órganos internos de control y el padrón y designación de despachos de auditoría externa.
Buenrostro también informó que se simplificarán las 17 reservas relacionadas con interés público y seguridad nacional, priorizando que, cuando sea posible, la información sea difundida mediante versiones públicas en lugar de mantenerla completamente reservada.
El decreto forma parte de una serie de acciones que serán incorporadas a las iniciativas de reforma de la Ley General de Transparencia, actualmente en integración por parte del Gobierno federal. La administración también invitó a estados, municipios y otros poderes a adoptar medidas similares para hacer más accesible y oportuna la información pública.











