La Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplió las medidas de prevención contra el lavado de dinero para incluir no sólo a políticos y funcionarios públicos, sino también a sus familiares cercanos, socios y personas políticamente expuestas de otros países.

Los nuevos lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, establecen que las medidas de vigilancia deberán aplicarse a una mayor cantidad de actividades consideradas susceptibles de ser utilizadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además de las instituciones bancarias, deberán reforzar sus controles sectores como juegos con apuestas, inmobiliarias, comercialización de arte, venta de vehículos, traslado o custodia de dinero y valores, servicios notariales, asociaciones civiles y operaciones con activos virtuales.

La regulación contempla como personas políticamente expuestas a quienes desempeñan o hayan desempeñado cargos públicos de alta responsabilidad, tanto en México como en otros países. En el caso de funcionarios mexicanos, esta clasificación se mantiene durante el año posterior a la conclusión de su encargo.

También serán considerados dentro de este esquema el cónyuge, concubina o concubinario, familiares por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado, así como socios de empresas con las que el funcionario mantenga vínculos patrimoniales.

Con estas modificaciones, las autoridades buscan ampliar la detección y seguimiento de operaciones que pudieran representar riesgos de lavado de dinero y fortalecer los controles en actividades económicas distintas al sistema bancario.