El gobierno de Colombia declaró una emergencia económica para hacer frente a las graves afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto.

La medida permitirá al Ejecutivo adoptar acciones extraordinarias para obtener y movilizar recursos destinados a la atención de las víctimas y a la reconstrucción de las zonas afectadas. Entre las posibilidades contempladas se encuentra la creación de nuevos impuestos, aunque el gobierno también ha planteado otras alternativas de financiamiento.

El sismo dejó cientos de personas fallecidas, miles de heridos y una importante cantidad de viviendas e infraestructura dañadas, principalmente en departamentos como Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. El gobierno colombiano anunció además la creación de un fondo para canalizar recursos nacionales e internacionales hacia la reconstrucción de hospitales, escuelas, viviendas y vías de comunicación.

La emergencia económica tendrá que ser revisada por la Corte Constitucional y permitirá al gobierno expedir decretos con fuerza de ley para atender las consecuencias de la tragedia. La medida busca acelerar la respuesta ante la magnitud de los daños y facilitar la recuperación de las comunidades afectadas.

En materia fiscal, el gobierno también anunció medidas de alivio para los habitantes de las regiones afectadas. Entre ellas se encuentra la ampliación de los plazos para el pago y declaración de impuestos, con el objetivo de que las personas y empresas que enfrentan las consecuencias del desastre tengan mayor margen para cumplir con sus obligaciones.

La emergencia ocurre mientras Colombia enfrenta restricciones presupuestarias y un panorama fiscal complicado, por lo que la reconstrucción representa uno de los principales retos para el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.