América Latina y el Caribe enfrenta una paradoja: pese a ser considerada una potencia agroalimentaria mundial, 32 millones de personas padecen hambre en la región, mientras cerca de 70 por ciento de los productores de alimentos enfrenta dificultades para acceder a financiamiento formal.
El panorama fue expuesto durante un encuentro sobre inversión en los sistemas agroalimentarios de la región, donde se destacó que existen entre 700 mil y 900 mil millones de dólares administrados por instituciones financieras de desarrollo que podrían destinarse al sector.
René Orellana Halkyer, representante regional de la FAO, señaló que el desafío no consiste únicamente en aumentar los recursos disponibles, sino en mejorar la forma en que se canalizan las inversiones, de manera que lleguen a pequeños productores y comunidades rurales con mayor potencial de impacto.
Entre las propuestas planteadas se encuentra la creación de “ecosistemas financieros territoriales”, mediante los cuales productores, gobiernos, empresas, instituciones financieras y organizaciones puedan coordinarse para facilitar el acceso al crédito y adaptar los mecanismos de financiamiento a las necesidades de cada región.
También se propuso abandonar el financiamiento aislado de proyectos individuales y desarrollar carteras territoriales de inversión que integren producción, infraestructura, cadenas de valor, conectividad, mercados y asistencia técnica.
Otros instrumentos señalados para facilitar el acceso de los productores a recursos son las garantías, seguros agropecuarios, financiamiento mixto, fondos de primera pérdida y asistencia técnica para preparar proyectos de inversión.
La FAO informó que actualmente opera más de mil millones de dólares mediante 400 proyectos en 32 países de América Latina y el Caribe, en colaboración con gobiernos, productores, cooperativas, empresas rurales y comunidades.
El reto, señalaron los especialistas, es conseguir que una mayor proporción de los recursos financieros disponibles llegue efectivamente al campo y contribuya a fortalecer los sistemas agroalimentarios, generar oportunidades económicas y reducir las brechas que mantienen a millones de personas en situación de hambre.
