Una jueza federal de Manhattan anuló la política del gobierno de Donald Trump que suspendía la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que la medida era contraria a la ley y excedía las facultades del secretario de Estado, Marco Rubio.

La política había sido anunciada por el Departamento de Estado en enero y entró en vigor el 21 de enero de 2026. La disposición suspendía el procesamiento de visas destinadas a personas que buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos.

La restricción alcanzaba a países de América Latina, África, Asia, Medio Oriente, el Caribe y otras regiones. Entre las naciones afectadas se encontraban Brasil, Colombia, Haití, Rusia, Somalia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

El gobierno estadounidense había justificado la medida bajo el argumento de evitar que determinados inmigrantes pudieran convertirse en una carga para los programas de asistencia pública del país.

Sin embargo, la jueza Jeannette Vargas determinó que esa evaluación debía realizarse de manera individual y que no podía establecerse una suspensión general basada únicamente en la nacionalidad de los solicitantes.

El fallo representa un nuevo revés judicial para la política migratoria de la administración Trump y deja sin efecto las denegaciones de visas sustentadas exclusivamente en esa instrucción.

La resolución se refiere específicamente a las visas de inmigrante y no significa la eliminación de todas las restricciones migratorias o de otras categorías de visas vigentes en Estados Unidos.